El segundo gobierno de Nicolás Maduro, iniciado en enero de 2019, ha implicado un cambio rotundo con respecto al modelo económico de su primer período (2013-2018), en línea con lo anunciado ya en agosto de 2018 con el llamado Plan de Recuperación Económica. Si bien las sanciones impuestas a Venezuela por el gobierno estadounidense de Donald Trump han atado de manos al gobierno en muchos aspectos, también es verdad que, en paralelo al recrudecimiento de esas sanciones durante 2019, la situación económica venezolana ha venido, paradójicamente, estabilizándose. Un dato más asombroso todavía si recordamos que Rusia y China cerraron su línea de crédito a Caracas hace ya varios años y que la empresa estatal de petróleo del país caribeño no ha logrado salir del atolladero en el que cayó durante el primer gobierno de Maduro.
¿A qué se debe entonces la actual sensación de mejoría en lo económico, que ni los más apocalípticos opositores pueden negar?
¿Del desastre a la estabilidad?
En su segundo mandato, después del desastre económico del primero, Maduro ha mostrado una tendencia a aplicar medidas de apertura y liberalización que desatan los nudos gordianos traídos por los obsesivos controles económicos estatales.
Las actuales medidas para desmontar este sistema de control implican una apertura económica radical que en cualquier país sería catalogada por la izquierda como “neoliberalismo salvaje”. Son la respuesta a un consenso del que participan economistas de derecha y del gobierno, como Jesús Farías. Las disposiciones incluyen la eliminación definitiva y legal del control de cambios y del control de precios, privatizaciones como la de la cadena de automercados Bicentenario (expropiada por Chávez), la eliminación de aranceles para la importación y algo impensable durante el primer gobierno de Maduro: disciplina fiscal y la paralización de la reproducción alocada de dinero sin respaldo en la economía real (o inorgánico) que terminó en la peor hiperinflación del mundo. Durante la transición hacia el nuevo modelo liberal, Maduro reconoció en agosto de 2018 que en su primer gobierno financió el gasto público con la emisión de dinero inorgánico (lo que es penado por ley), pero que en esta nueva etapa impondría “disciplina fiscal prusiana”.
Todo ello en un escenario social en el que el sueldo mínimo cayó de casi 250 dólares en 2012 a sólo cinco en 2015.
La importación de alimentos y otros artículos de primera necesidad ha sido declarada libre de impuestos en 3.275 categorías de productos con el argumento de intentar eludir el bloqueo financiero. Y a juzgar por la cantidad de productos importados que inundan el mercado venezolano, parecería estar lográndolo, aunque con ello deprima aun más la producción nacional.
Un factor central para entender la sobrevivencia del venezolano es que la pauperizada economía nacional comienza a adaptarse a nuevos tipos de ingresos de divisas. Aunque incomparables a la otrora renta petrolera, estos nuevos ingresos están signados por las remesas enviadas por los migrantes venezolanos, la repatriación de capitales por goteo y el nuevo impulso a la extracción de oro, entre otros.
Después del petróleo
Las remesas, particularmente, contribuyen a que los nuevos ingresos no se queden en las cúpulas políticas o económicas, lo que genera un burbujeo en todo el tejido social. Con el Estado ya lejos de ser la principal fuente de ingresos directos como antaño, la remesa ha pasado a ocupar su lugar. Quizá no tanto por el volumen, sino por su capacidad de irrigación directa a los sectores más necesitados.
Es imposible tener estimaciones certeras del volumen de las remesas. El control de transacciones facilitó triangulaciones bancarias de diversa índole que permitieron llevarlas a cabo sin ningún control estatal. No obstante, diversos actores, incluso contrarios políticamente, proponen cifras relativamente parejas. Algunos calculan que el ingreso supera los 3.700 millones de dólares anuales, y otros, que podría estar acercándose a 6.000 millones en 2020. Otras estimaciones afirman que ya sobrepasa el total de exportaciones no petroleras. Hay economistas que calculan que los venezolanos envían en promedio entre 5 y 6 mil dólares por año cada uno, una cifra que puede ser exagerada para quienes envían remesas desde países periféricos. En un intento por conseguir información pregunté a varios familiares de migrantes pertenecientes a los sectores populares que reciben remesas y, entre quienes me respondieron, el mínimo recibido fue de 50 dólares mensuales, lo que representa diez meses de sueldo mínimo.
La Onu maneja el dato de que han emigrado más de 4 millones de venezolanos. Tomando en cuenta que la finalidad principal de esta migración masiva venezolana ha sido producir ingresos para transferir remesas, podemos imaginar que el impacto de estas permite hasta cierto punto sustituir el que otrora tenían los empleos estatales. Antes de la crisis, el Estado era el principal empleador y los puestos públicos se estimaban en 2 millones.
Otra nueva fuente de divisas es lo que llamamos “repatriación de capitales por goteo”. No encontramos cifras confiables sobre esto. Históricamente las clases alta y media alta, así como los sectores emergentes, llevaron sus ahorros y su capital hacia el exterior con el fin de atesorarlos en dólares y en un país confiable. Muchos de estos sectores aún viven en Venezuela y van trayendo mensualmente o incluso semanalmente pequeñas dosis de sus ahorros, pues, una vez convertidos a la moneda local, estos son disueltos por la inflación. El más reciente mecanismo que comprueba estas “microrrepatriaciones” es la utilización de la plataforma Zelle como forma de pago en diversos locales comerciales, especialmente en las zonas de clase media y alta. Se trata de una red de pagos que requiere disponer de una cuenta bancaria en Estados Unidos y que no cobra comisiones por la transferencia.
La diferencia con el período previo a la crisis es que quienes fugaban capital, de manera más o menos fraudulenta, ahora lo repatrían no para grandes inversiones, pero sí en pequeñas dosis y hasta pequeñas inversiones como las que se ven con el auge en la oferta de restaurantes y lugares de diversión en las principales ciudades. Jesús Farías, exministro de Economía de Maduro y uno de los principales impulsores de la nueva etapa económica lo explica de esta manera: “Los actores privados están trayendo sus divisas y sus recursos para invertirlos en el país y están dejando de chupar de la teta del Estado” (Banca y Negocios, 10-I-20).
Este proceso está generando algunas burbujas de consumo que develan nuevas formas de desigualdad en un ambiente ya ideológicamente posterior a los planteamientos de Chávez, y en el que participan viejas elites junto con nuevos ricos formados, fraudulentamente, en el chavismo y el adequismo.(1) Todo ello, mientras los dirigentes políticos del chavismo apuestan al nacimiento de una “burguesía revolucionaria”, tal como la denominó el ministro de Tierras, Castro Soteldo.(2)
Ante la caída de la producción petrolera el gobierno impulsó la extracción del oro en el arco minero, que también está generando nuevos ingresos, aunque con consecuencias nocivas visibles en materia ecológica, que era otra bandera del discurso propiamente chavista. Con la minería de criptoactivos amparada legalmente y un precio irrisorio de la electricidad, Venezuela se ha convertido en un país con condiciones favorables para estas operaciones, y es el tercero en el ranking mundial en el uso de criptomonedas.
Todo ello va aportando a la creación de una nueva economía nacional en la que ni el Estado ni el petróleo figuran como protagonistas.
Algo muy notable de esta transición económica es la ausencia de datos para producir confianza en torno a la balanza de pagos, que es muy difícil de calcular con la situación actual, pero de la que se evidencia un equilibrio. Los datos oficiales publicados hasta el momento generan mucha desconfianza, dada la política del gobierno de no reconocer la gravedad de la situación. Es posible que nadie tenga la información real sobre los nuevos ingresos del país, especialmente de las remesas desde el exterior, pero tampoco sobre el oro y otros rubros que se están exportando. El gobierno parece independizado del Estado y no rinde cuentas a nadie.
Una economía dolarizada
La crisis venezolana fue ampliamente divulgada por los medios internacionales durante el primer mandato de Maduro (2013-2018). Los servicios del Estado colapsaron, la migración se contó por millones, la desnutrición se generalizó en sectores enteros de la población. Un ejército de hambrientos invadió los basureros.
La situación hoy parece ser otra. Las medidas de liberalización han abatido la escasez. Ya no existen las colas. La inflación aún es alta, pero las oficinas de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, registran que en 2019 la tendencia fue hacia su disminución en comparación con 2018 y años anteriores. Tomando en cuenta que la hiperinflación implica sobrepasar un 50 por ciento de inflación mensual, según estos datos sólo existió un mes con hiperinflación en todo el año.
El cambio se percibe cotidianamente. Se nota mayor capacidad adquisitiva incluso en sectores empobrecidos. El transporte público superficial ha venido mejorando. Muchos sectores del comercio sobrevivieron los peores años de la crisis y comienzan a revitalizarse. El dólar es usado en todos los estratos sociales. Hay nuevos negocios y comercios. El discurso de la crisis humanitaria se ha hecho insostenible y ha salido de la boca de los políticos de oposición.
Han aparecido burbujas de consumo en centros financieros o turísticos del país. Así, algunas urbanizaciones de Caracas y otras ciudades grandes se han llenado de negocios caros, carros lujosos, edificios de alta gama y un consumo irrefrenable de productos importados. Igual en sectores turísticos. Siempre con el dólar como sustituto ya legal del bolívar, que está quedando confinado a circuitos marginales, en un proceso de dolarización irrefrenable reconocido abiertamente por Maduro en noviembre del año pasado. Pero la dolarización no es sólo de ricos o nuevos ricos. Muchos servicios hoy facturan en divisas. Son varios los oficios y profesiones que cobran en dólares, desde ejecutivos hasta mecánicos y costureras.
Los buhoneros, manteleros o comercios informales de la calle aceptan dólares. Los marchantes que venden caramelos y chupetas hacen promociones para facilitar la venta en divisas. Cualquier puesto en mercados populares acepta y da vueltos en dólares. Las propinas también se están dando en esta moneda en muchos espacios.
Es verdad que el Estado todavía paga en bolívares los sueldos irrisorios de sus trabajadores, incluyendo los de los principales prestadores de servicios como enfermeras, médicos y docentes, así como policías y otros. Pero también es verdad que muchos de ellos cobran servicios en dólares por fuera de su trabajo en el Estado. Los maestros reciben en dólares las clases particulares. Enfermeras y médicos tienen trabajos paralelos en los que hacen lo mismo. La policía cobra sus coimas también en dólares. Jubilados y trabajadores públicos tienen negocios de comercio informal con el que atrapan divisas.
En líneas generales, quedan muy pocos que vivan de los sueldos del Estado.
Según Datanálisis, una importante firma de investigación económica, más del 40 por ciento de la población utiliza el dólar.
Podría aducirse que la mejoría puede ser sólo una sensación, pero la triangulación de datos realizada sugiere que esa sensación tiene un sustento real.
Es cierto que Caracas se ha vuelto una gran burbuja que parece no estar afectada por la grave crisis del interior del país, sobre todo en la esfera de los servicios públicos y signada por la falta de gasolina. Pero también es cierto que los nuevos ingresos a los que hemos hecho mención están esparcidos por todo el territorio nacional, e incluso hay territorios, como los de frontera y los de explotación del oro, donde se evidencia un poder adquisitivo en aumento. Atrás quedaron las imágenes diarias de saqueos en carreteras y pueblos del interior del país que pudimos ver desde 2016 hasta 2018.
Ha habido un debate sobre el auge de los bodegones (ventas de productos exclusivamente importados). Para los economistas del gobierno son síntoma de recuperación económica, para otros analistas son el mejor ejemplo del fin de la revolución y el auge de una división de clases tajante y problemática.
En la actualidad, y a pesar de estos bruscos cambios económicos, el principal problema inmediato no parece ser la desigualdad social en crecimiento. El país tiene varios años siendo completamente pobre, y ahora resulta que hay ricos que también fueron golpeados por la crisis de diversas formas y cuyo consumo no tenía el grado de visibilidad que ahora tiene con estas grandes burbujas y bodegones. Pero, por ahora, el tema central no es la desigualdad, puesto que esta termina invisibilizándose en la medida en que las clases pobres y medias aumentan su consumo en comparación con los peores años de la crisis (2013-2018).
El desafío más acuciante y verdadero signo de esta época es el colapso general de los servicios públicos y la incapacidad del Estado para enfrentarlo. El gobierno ya no tiene posibilidad de agenciar los servicios públicos, lo que abre una era de micro- y macroprivatizaciones. Quien tiene dinero para pagar podrá contar con salud, transporte, educación, luz y agua. Quien no tenga, la tendrá mucho más difícil. Las arcas estatales han quedado desprovistas. Las misiones sociales que fueron la política asistencial exitosa de Chávez han venido debilitándose de manera importante, centros médicos emblemáticos como el que quedaba en el corazón de la clase media alta de Caracas, en las Mercedes, está cerrado hace tres años, las decenas de médicos cubanos que allí laboraban se han retirado. Como ese, muchos otros centros de salud y educativos propios de las misiones sociales han cerrado.
Por todo esto, los sectores vulnerables irán engrosando grandes bolsones de pobreza que seguro impactarán en los próximos decenios en la vida del país, pero, por ahora, el cambio económico genera algo de oxígeno a todas las capas sociales, de manera directa o indirecta.
Ciertamente, el estatismo extremo ahogó la economía venezolana y la llevó al quiebre antes de las sanciones. En cambio, el desmonte de los controles estatales y la imposición de medidas liberales han dado un respiro a la economía, sobre todo la de los más pobres. Esto desata un debate sobre el éxito de ciertos modelos económicos y la deseabilidad de cierto tipo de controles, pero, principalmente, sobre el modelo del Estado y su relación con la economía y la sociedad.
El debate no es sólo sobre Venezuela. Un nuevo ciclo progresista en América Latina debe salir de los dogmas para confrontar una situación regional donde campea el libre mercado salvaje, y no permitir la disolución del Estado como ente mediador o colchón para la pobreza estructural que el primer ciclo de Chávez, Lula da Silva y Néstor Kirchner apenas pudo calmar temporalmente. El nuevo ciclo revitalizado en Argentina y México no parece aún tener al respecto una dirección clara. ¿Puede la izquierda emprender cambios profundos en la economía latinoamericana o terminará muriendo en el libre mercado por puro miedo a repetir la experiencia venezolana? Todo esto convendría pensarlo en el marco del fracaso del neoliberalismo evidenciado con las protestas de Chile, Ecuador y Colombia, entre otras, a finales de 2019.
